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Novagalicia, condenado por vender subordinadas a un bebé de cuatro meses

Novagalicia, condenado por vender subordinadas a un bebé de cuatro meses
La juez dice que vendió un “producto complejo” que requeriría una información que no ofreció.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ponferrada (León) ha condenado a Novagalicia Banco a devolver 4.800 euros de un contrato de obligaciones subordinadas en el que un bebé de cuatro meses figuraba como ordenante. La titular del juzgado ha declarado nulo el contrato y ha condenado, además, a la entidad bancaria a pagar el interés legal del dinero desde la fecha de suscripción de los valores así como las costas del procedimiento.

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En la sentencia, fechada el 29 de noviembre y que se ha hecho pública hoy, la jueza subraya que la orden de suscripción se encuentra a nombre de dos titulares (cuenta asociada), pero la ordenante es un bebé de apenas cuatro meses. “Dicho dato objetivo determina ya por sí mismo la inexistencia de información por el personal bancario o al menos que la misma pudiera comprender con tal edad”, afirma la magistrada en la sentencia. En su argumentación, la juez considera probado que la entidad financiera vendió al cliente un “producto financiero complejo” que requeriría una información previa a la firma del contrato, información que NCG alega haber proporcionado mediante la entrega de un tríptico informativo pero que la magistrada considera “no acreditado”.

Según consta en la sentencia, los progenitores de la menor, con motivo del nacimiento de su hija, en enero de 2009, solicitaron al director de la sucursal de Cacabelos, en atención a la confianza existente durante años, la apertura de una libreta de ahorro infantil por importe de 5.000 euros. Asimismo, se explica que como causa de la nulidad pretendida concurre un error en el consentimiento, “esencial y excusable”, por las siguientes razones ya que fueron firmados los documentos sin leerlos en base a la confianza depositada en el personal de la sucursal contratante y se firmó en la creencia de que era una cartilla de ahorros infantil.

Además, se firmaron “con error”, al creer que se trataba de un plazo fijo con alta rentabilidad destinado a una cuenta de ahorros para el bebé, “con la convicción de disponibilidad inmediata y en cualquier momento del dinero sin penalización alguna”.

Vía El País


Un juez declara ilegal el periodo de prueba de un año sin indemnización

Contratar a un empleado durante un año en contrato de pruebas y sin derecho a indemnización si se le despide dentro de este periodo, como permite la reforma laboral aprobada por el Gobierno central de Mariano Rajoy (PP) en febrero de 2012, no se ajusta al derecho internacional. Así lo ha dictaminado una sentencia del juzgado de lo Social 2 de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido, el pasado marzo, de un peón a quien la empresa de reciclaje de productos de caucho de Gavà (Barcelona) Alfredo Mesalles S.A. echó cuando faltaban ocho días para que finalizara el periodo de pruebas de un año. La sentencia, que reprocha al Gobierno que bajo el paraguas de la crisis creara una reforma que “desprotege a los trabajadores de sus derechos”, obliga a la empresa a readmitir al trabajador o a indemnizarle de acuerdo al convenio de su sector, donde el periodo de prueba es de solo 15 días. La indemnización asciende a 1.187 euros.

En el texto de la sentencia, dictada el día 19 de noviembre y contra la que cabe recurso, precisa que la empresa “manifiesta que existiendo periodo de prueba no superado no existe despido”. En su defensa propia alegó que formalizó el contrato de acuerdo al artículo 4 de la reforma laboral, el que se refiere al “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores” que pueden utilizar las empresas de menos de 50 trabajadores.

El empleo del trabajador, con contrato de 40 horas, consistía en trasladar neumáticos dentro de las instalaciones de la fábrica. El protagonista de esta decisión judicial, en la treintena, se llama César Expósito, que no tiene reparo en que aparezca su nombre públicamente pero prefiere no hablar con la prensa. En la demanda contra la empresa de neumáticos Expósito también reclamó el reconocimiento de una jornada real de 50 horas, que la juez no puede considerar probado porque no se llevaba un registro de las jornadas.

La sentencia reprocha al Gobierno que bajo el paraguas de la crisis creara una reforma que “desprotege a los trabajadores”

El abogado que ha llevado el caso, Roberto Castro, considera que la sentencia es “un mazazo, una bofetada a la reforma laboral, que con el contrato de prácticas encubre el despido libre y sin indemnización”. A Castro no le consta que se haya producido ninguna sentencia previa en este sentido en España y precisa que el término exacto que utiliza la magistrada es que “inaplica” la reforma laboral: “La deja en papel mojado, hace prevalecer la norma superior jerárquica”. La norma internacional a la que alude es el artículo 4.4 de la Carta Social Europea y “la juez considera que un periodo de prueba tan largo como 12 meses no es razonable”. El abogado entiende que en este caso el “abuso es flagrante” porque la empresa despidió al trabajador, César Expósito, ocho días antes de finalizar el periodo de pruebas. “Y ficharon a otro empleado”, asegura.

En el apartado de fundamentos de derecho de la sentencia, la juez recuerda el caso denunciado en 2010 por los trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica de Grecia (GENOP-DEI) que en 2012 lograron que el Comité Europeo de Derechos Sociales reconociera “la violación por la ley Griega del artículo 4.4 de la Carta Social Europea”. Esta ley griega amplió “el periodo de prueba en el trabajo de dos a doce meses para todos los trabajadores”.

La juez subraya que el artículo de la Carta establece que “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en el caso de terminación del empleo”. “Los requerimientos del puesto de trabajo del actor, peón que lleva neumáticos de un sitio a otro, no requieren de un año para que el empleador evalúe sus capacidades en atención a sus tareas”, entiende. La juez admite que la reforma laboral se dictó “en el marco de una situación de crisis”, pero apunta que “no se puede desproteger a los trabajadores de sus derechos”.

Via El Pais


Bankia indemnizará con 430.000 euros a un afectado por preferentes

La sentencia señala que la entidad no informó al usuario del funcionamiento y los riesgos. Asociación Valenciana de Consumidores ha atendido a más de 1.200 por el mismo problema

EFE. 06/06/2013 12:32

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia ha condenado a Bankia Banca Privada SAU a indemnizar con más de 430.000 euros a un usuario por los “daños y perjuicios” derivados de la actuación realizada por Caja Madrid por la adquisición de participaciones preferentes.

La sentencia, hecha pública hoy por la asociación de consumidores Avacu, señala que la entidad financiera incumplió “de forma esencial” el contrato de prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversión e intermediación, al no facilitar al usuario la información sobre el funcionamiento y los riesgos de los contratos de adquisición de participaciones preferentes suscritos.

Además, el fallo destaca la existencia de “mala práctica de la parte demandada conforme a la normativa” existente y la “concurrencia de vicio en el consentimiento determinante de un error esencial y excusable de los contratos de participaciones preferentes imputables a la parte demandada”.

Por ello, Bankia debe indemnizar al usuario con la suma de 430.294,58 euros, que corresponde, principalmente, a las comisiones cobradas, la diferencia entre el importe invertido y la cantidad recuperada y los intereses y comisiones cargados en la cuenta de crédito.

La sentencia, contra la que cabe recurso, ha sido ganada por el gabinete jurídico de la Asociación Valenciana de Consumidores, entidad que en lo que va de año ha atendido a más de 1.200 personas afectadas por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Según señala Avacu en un comunicado, se trata de “reponer al actor en el estado que se hallaba antes de incurrir en el error esencial y excusable del que arranca su pretensión y que se declara probado”.

Las participaciones preferentes se enmarcan dentro de la legislación relativa al Mercado de Valores, la cual establece que es un producto de alto riesgo, por lo que para su contratación exige, de las entidades que proporcionan este tipo de productos, un deber de información óptimo a sus clientes en todo momento.

También exige a estas entidades comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, información que debe desplegarse con carácter previo y con las características señaladas por la ley.

La consecuencia de que se infrinja el deber de información sobre el funcionamiento y riesgos del producto puede producir un consentimiento no informado, según Avacu.

La sentencia concluye que no existió esa información previa por parte de la entidad hacia el usuario, por lo que declara nulos los contratos suscritos y obliga a pagar dicha indemnización.

El País


Un juez declara nula la venta de preferentes a un cliente de Bankia

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El juez considera “difícil de sostener” que la compra fuera decidida por el afectado en su interés.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia ha declarado la nulidad de la compra de participaciones preferentes suscrita en 2011 por un cliente de Bankia que solicitó un préstamo personal para la compra de un vehículo, y ha condenado a la entidad a abonarle 4.120 euros.

Con este fallo, el juzgado estima la demanda presentada por un cliente que pedía la nulidad de la compra de participaciones serie A y de la posterior recompra y suscripción de acciones de Bankia en 2012, según la sentencia.

El cliente, con formación de estudios básicos, mecánico y conductor y de perfil claramente conservador, solicitó a Bancaja un préstamo personal por 4.000 euros para la compra de un vehículo y realizó una imposición a plazo fijo por esa cantidad por 12 meses.

No obstante, al día siguiente se canceló esa imposición y se firmó un contrato de valores negociables y una orden de compra de valores por 4.200 euros.

Un año después, el cliente recibió una carta de Bankia en la que se ofrecía la recompra de las participaciones preferentes por parte de Banco Financiero y de Ahorros, y la suscripción de acciones de Bankia.

El cliente aceptó la oferta, recibió un folleto resumen y se le hizo un test de conveniencia que dio como resultado “producto no conveniente”.

El juez considera que es “difícil sostener” que la compra de participaciones fuera decidida por el cliente en su propio interés como inversor, y además la devolución del préstamo era por cuatro años, lo que “se compadece mal” con la suscripción de un producto de carácter perpetuo.

Sobre la mera condición de intermediario que argumentó Bankia, el juez afirma que los valores fueron emitidos por Bancaja Eurocapital Finance, una sociedad instrumental del grupo Bancaja, lo que revela la vinculación directa entre ambas.

Bancaja también alegó que el cliente fue correctamente informado del producto, no fue objeto de coacción ni error alguno y se le sometió al test de conveniencia.

La entidad añadió que las participaciones preferentes son un producto complejo pero no de alto riesgo y sus características son “perfectamente claras e inteligibles”, según el texto de la sentencia.

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El juez afirma que no hubo un interés real del demandante en la suscripción de acciones de Bankia, de forma que su aceptación obedeció más bien al intento de desprenderse de unos valores que creía perjudiciales en ese momento.

Por todo ello, se declara la nulidad de la compra de participaciones y el canje por acciones y condena a Bankia a abonar al demandante 4.120 euros, más las comisiones cobradas desde la compra, el interés legal del dinero y las sucesivas comisiones hasta la fecha de la sentencia, además del pago de las costas procesales.

El fallo no es firme y se puede presentar recurso en el plazo de veinte días.

Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), este caso es un “ejemplo” de la actuación del conjunto de entidades integradas en Bankia en la que los consumidores “entraban solicitando créditos y se encontraban con sus ahorros atrapados y sin poder recuperarlos”, indica en un comunicado.

Esta demanda, ganada por la asociación, supone “una importante victoria jurídica” de los afectados por participaciones preferentes, añade Adicae, que indica que continúa incorporando afectados en la demanda interpuesta en Madrid contra Bankia, a la que se han sumado más de 3.000 personas.


El Supremo obliga al BBVA a devolver dinero de las preferentes

El Alto Tribunal condena al BBVA a indemnizar a un matrimonio por el dinero invertido

Español: Edificio sede del Banco Bilbao Vizcay...

Español: Edificio sede del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en el barrio Villa Morra de Asunción. (Photo credit: Wikipedia)

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a BBVA a indemnizar con 291.488 euros más intereses a un matrimonio por los daños y perjuicios que les ocasionó la compra de participaciones preferentes de Lehman Brothers, una operación en la que la entidad bancaria actúo como gestora. El argumento que ofrece el Alto Tribunal es que era responsabilidad del banco evaluar el perfil de los clientes y vender productos adecuados al mismo.

Los hechos objeto de enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por un matrimonio contra el BBVA en reclamación por los perjuicios ocasionados por la actuación negligente del banco al adquirir participaciones preferentes de la entidad Lehman Brothers en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de inversión.

La demanda fue estimada en primera instancia por considerar el juez que hubo un cumplimiento negligente del contrato al adquirirse un producto no ajustado al perfil del cliente. La Audiencia Provincial de Valencia revocó esta decisión, estimando el recurso del banco, al entender que se había proporcionado la información adecuada para entender el producto adquirido y porque la normativa sectorial no impedía a clientes conservadores solicitar productos de riesgo.

La sentencia del Supremo, hecha pública este viernes, ha estimado el recurso de casación de los clientes del banco. Los magistrados han concluido que las indicaciones sobre el perfil de riesgo del cliente y sobre sus preferencias de inversión desempeñan “una función integradora del contenido del contrato”, siendo obligación legal de estas empresas recabar información a sus clientes sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión e informar de manera clara y transparente sobre los riesgos de las operaciones contratadas, de tal forma que una deficiente información puede suponer una negligencia determinante de la indemnización de los perjuicios ocasionados.

En el caso del matrimonio, el Supremo considera que esta información completa y clara no se había suministrado ni se había actuado de buena fe, al existir una contradicción entre el perfil de riesgo del cliente, que era muy bajo, y los valores elegidos, de riesgo elevado, lo que, con una actuación diligente y de buena fe, hubiera exigido que se pusiera de manifiesto la incoherencia entre el perfil elegido y los productos de inversión aceptados para asegurarse de que la información era clara y había sido entendida.

El País


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