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La cúpula de Caixa Penedés elude la cárcel tras devolver 28 millones

El primer juicio contra el saqueo de las cajas de ahorros en España terminó este jueves con la condena a dos años de cárcel para Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, y de un año para cada uno de los tres principales miembros de su cúpula por un delito continuado de administración desleal. Los cuatro exdirectivos de la caja, ahora desaparecida, consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento, tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones.

A cambio, las acusaciones particulares (el Banco Mare Nostrum y la fundación de la caja), recortaron en un año su petición de condena para cada imputado, algo que el juez tuvo en cuenta. La Fiscalía y el FROB, también personado en la causa, mantuvieron su petición de tres años y medio para Pagès y de tres años para el resto.

“Reconozco los hechos”, pronunció cabizbajo Pagès a instancias del juez del caso, José María Vázquez Honrubia. Durante todo el juicio, el antaño todopoderoso ejecutivo de la que llegó a ser la tercera caja de Cataluña se había agarrado a la supuesta legalidad de su jubilación. Incluso deslizó que todo había sido idea del director de recursos humanos, el fallecido Jaume Jorba, cuyos herederos, por cierto, también renunciaron al dinero que correspondía a su padre.

Pagès tenía asignado un retiro de 11,6 millones, mientras que Manuel Troyano, que había empezado en la caja a los 15 años como botones y llegó a director general adjunto en 2007, deberá devolver 6,1 millones. Santiago Abella, que también ocupó el cargo de director general adjunto y se jubiló en 2007 ente el aplauso de sus compañeros, —como él mismo se encargó de reiterar durante el juicio— reintegrará 5,7 millones. A Juan Caellas, que sustituyó a Pagés al frente de la dirección, le tocará devolver 4,8 millones.

Aunque el juez decidió considerar como atenuante su actitud, no les libró de toda clase de reproches al avanzar el veredicto, que es firme: “Se ha producido una actuación por su parte maliciosa, insidiosa… engañosa para la sociedad. Burlando los controles de la caja de ahorros, con figuras como el presidente y consejo de administración prácticamente decorativas, han antepuesto intereses personales a los intereses sociales, abusando de la confianza que tenían depositada en ustedes como altos directivos”.

Entendiendo que con la devolución del dinero “se restaura el orden jurídico y se compensa a la víctima”, que no es otra que el Banco Mare Nostrum, absorbido después por el Sabadell, tanto el juez como el fiscal consideraron parcialmente restablecido el daño. “No puedo dejar de manifestar que la Fiscalía tenía razón. Me congratulo por la devolución del dinero”, aclaró el fiscal anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled.

Durante las casi dos semanas que ha durado el juicio ha quedado de manifiesto el nefasto sistema de control de la caja, que dio cobertura al saqueo de la cúpula. Pagès, que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, justificó con total tranquilidad en el juicio que los planes de pensiones de los exdirectivos se privatizaron a través de un sistema de pólizas que no pasaron por la supervisión de los órganos de control con la excusa de que “se habían gestado en 1996”, cuando firmaron sus contratos de alta dirección. Algo chocante teniendo en cuenta que el órgano ejecutivo sí tenía que autorizar el pago de facturas de poco más de 2.000 euros. También afloraron los manejos de la cúpula que, justo antes de la fusión modificaron sus contratos a placer gracias “un poder de hecho omnímodo”, de Pagès, según el escrito del fiscal anticorrupción. El exdirector y exvicepresidente de Banco Mare Nostrum aseguró que el Banco de España conocía al detalle todas sus retribuciones y blindajes, pero no quiso aclarar cómo su salario engordaba cada año un 20%, hasta los 609.000 euros en 2010, junto a un variable que se disparaba al margen del IPC.

Caixa Penedès, el cuarto fundador de Banco Mare Nostrum (BMN) junto a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra, recibió ayudas públicas por importe de 915 millones de euros a través del FROB.

El País


El Supremo reconoce a una viuda legitimidad para desahuciar a su hijo

El Tribunal Supremo ha reconocido a una madre legitimidad para desahuciar a su hijo de la vivienda familiar que este ocupaba, ya que la viuda era la heredera del usufructo vitalicio de la casa según el testamento del fallecido, es decir, tenía derecho al uso de la misma para toda su vida. El objeto del litigio es un dúplex de dos plantas situado junto al mar en Baiona (Pontevedra), además de garaje y trastero, todo lo cual, según la solicitante del desahucio, “viene ocupando en precario, y sin título alguno”, su propio hijo.

El hecho de que la mujer fuera heredera de la vivienda en usufructo vitalicio por expreso deseo de su esposo, dice el Supremo, debe imponerse a otros posibles títulos sobre la misma. Después surgirá la división de la herencia y los derechos sobre ella que beneficiarán a los hijos, añade el tribunal.

Entre tanto la madre tiene “facultad para tomar posesión por sí misma de este legado”, decía el testamento, previsión que sirve al tribunal para justificar su dictamen. El alto tribunal, de esta manera, no tiene en cuenta que la herencia procedía de una sociedad en gananciales que no había sido liquidada y que, por tanto, la herencia no había sido dividida y pertenecía a todos los herederos en su conjunto, incluidos los hijos.

En otras palabras, el Supremo pone el deseo del testamento de convertirla en heredera del usufructo por encima de otros derechos hereditarios que puedan resultar cuando se divida en titularidades concretas la propiedad.

El País


Un exdirector de Caja Madrid revela presiones para vender preferentes

El director de una oficina de Caja Madrid que metió a un cliente en el embrollo de las participaciones preferentes le ha ayudado, cinco años después, a salir de él. En su declaración como testigo, el empleado (ya jubilado), admitió que no proporcionó al cliente, un lotero de 78 años, información adecuada sobre los riesgos del producto financiero. Su confesión ha servido de base para que un juez de Barcelona anule el contrato y obligue a Bankia a devolver los 586.151 euros que el cliente invirtió en preferentes entre 2009 y 2010.

La declaración del exdirector arroja luz sobre cómo gestionaron las entidades bancarias —o al menos la extinta Caja Madrid— la venta de preferentes. Reconoció que recibía “presiones” de sus superiores (“cuatro o cinco veces al día”, relató), del director de zona de la caja de ahorros, que le llamaba por teléfono para saber “qué importe habían colocado”. Debido a esas presiones, los test de idoneidad —para analizar si el perfil del cliente, minorista o profesional, era acorde con el producto— se hacían sin demasiado rigor. “Se leían las preguntas del test, pero se indicaban las respuestas para permitir la venta del producto”. Sobre sus características, “no se entraba en detalles”, añadió.
El exdirector narró que, desde hacía al menos 15 años, mantenía una relación de “confianza y cordialidad” con el cliente afectado, hasta el punto de que se regalaban, de tanto en cuando, aceite de oliva de Jaén. El cliente había regentado un establecimiento de quinielas que le permitió acumular unos ahorros. Nunca se interesó por productos de gran rentabilidad: se limitaba al clásico depósito a plazo fijo a las letras del Tesoro. En 2009, además, era viudo y le había sido diagnosticado un cáncer de próstata. Fue el director quien le propuso anular el plazo fijo sin penalización y cambiarlo por preferentes. El exdirector le explicó, según la demanda, que era “seguro, sin riesgo” y que podría disponer de los fondos cuando los necesitase.

Esa despreocupación por los resultados llevaba, dijo el exdirector, a omitir explicaciones que, a la larga, han resultado imprescindibles. Por ejemplo, no se informaba del riesgo de no cobrar dividendos. “Había temas que se obviaban”, señaló antes de admitir que ni siquiera él conocía uno de los riesgos que entrañan las preferentes: la pérdida total de la inversión.

“Lo expuesto por el testigo”, recoge el juez Guillem Soler en su sentencia, “es suficiente para apreciar que la información fue insuficiente y no exhaustiva, en relación con la complejidad del producto y el perfil” del cliente. Los documentos avalan esa tesis, de ahí que el magistrado decida —como en tantas otras demandas por participaciones preferentes— declarar nulo el contrato de adquisición de preferentes. El hombre dio su consentimiento, pero no conocía los riesgos. En su defensa, el banco había alegado que fue “la crisis económica posterior”, y no su actuación la que causó los problemas del cliente. El titular del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, sin embargo, concluye que los contratos son nulos. La nulidad afecta también al canje de preferentes por acciones de Bankia y obliga a la entidad a devolver el dinero inicial al afectado, más los intereses.

El País


El Tribunal Supremo obliga a un marido a pagar a su exmujer por cuidar la casa

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer que pedía que su exmarido le pasara una pensión compensatoria de 400 euros después de haberse pasado 21 años de los 38 que duró su matrimonio al cuidado de la familia. Esta dedicación, dice el alto tribunal, le impidió tener “un desarrollo profesional”.

Juana Flores y Mariano Tuleda se casaron en 1972 y tuvieron tres hijos. Durante 21 años la mujer se dedicó “por completo” al cuidado de los niños y del hogar hasta que empezó a trabajar en 1993. Sin embargo, solo encontró empleos temporales en periodos cortos hasta que acumuló 14 años y un día de cotización a la seguridad social, en el 2010. Por ello, recibe una pensión de 519 euros. Además, se le ha reconocido un grado total de discapacidad del 15%.

Por su parte, su exmarido percibe una pensión que durante el 2010 alcanzó los 2.000,58 euros brutos (1.640,48 euros netos). Asimismo, cobra por un trabajo a tiempo parcial 364,10 euros mensuales netos. Este exempleado de IVECO comenzó a trabajar en 1962 y tras la separación de su exmujer le pasó una pensión desde marzo hasta diciembre del 2009 de 700 euros mensuales que dejó de pagar cuando se firmó la sentencia de divorcio. Por ello, la exmujer acudió al Supremo después de que la Audiencia de Madrid confirmase la denegación de la pensión

Mediterráneo


El juez declara ilícita la rebaja salarial de una empresa hasta el salario mínimo

El juzgado de lo Social número 16 de Barcelona ha estimado que la rebaja salarial hasta el Salario Mínimo Interprofesional impuesta de forma unilateral por la empresa IMESAPI a sus trabajadores en agosto de 2013 es “injustificada”, sin causas objetivas, “ilícita y contraria a derecho”. El juez, que subraya la falta de voluntad negociadora de la empresa, obliga a la empresa a pagar a los ocho trabajadores afectados la diferencia entre el SMI y sus anteriores sueldos (entre 11.500 y casi 17.000 euros) y a indemnizarles con mil euros a cada uno en concepto de daños morales. La defensa, que ha llevado el abogado Jordi Juan, del Col.lectiu Ronda, pedía 90.000 euros para cada uno. El juez también declara “vigente” el convenio colectivo (y sus tablas salariales) anterior a la rebaja. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En agosto pasado, ocho trabajadores de la empresa IMESAPI, que pertenece al grupo ACS (los empleados pertenecían a la firma Auditel y fueron subrogados por IMESAPI al ganar un concurso para Telefónica) y se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, vieron como de la noche a la mañana la dirección les rebajó el sueldo de los 3.000 euros brutos que cobraban de media hasta los 645,3 euros que fija Salario Mínimo: una rebaja del 75%. La empresa dio el convenio colectivo por caducado sin negociar con los representantes de los trabajadores (pese a que lo requirieron hasta tres veces y lo denunciaron ante la Inspección de Trabajo) y pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá de su caducidad hasta que no hubiera un nuevo acuerdo. El convenio había caducado en 2012 y, como es preceptivo, los empleados lo denunciaron con el objetivo de comenzar las negociaciones para acordar uno nuevo, incluso elaboraron y así lo comunicaron, la preceptiva plataforma de negociación. La decisión unilateral de la dirección llegó cuando finalizó el periodo de ultractividad de un año, como establece la Reforma Laboral: de hoy para mañana las relaciones laborales de la empresa pasaron a depender de las condiciones de mínimos que fija el Estatuto de los Trabajadores.

El juez califica de “deliberadamente rebelde” la actitud de la empresa al hacer oídos sordos a las peticiones de negociación, hasta el punto de concluir que “constituye una vulneración al derecho a la libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva”. Entiende que la empresa ha actuado “con menosprecio de toda negociación” y cree que “no existe justificación alguna” ni de la reducción salarial ni de la negativa a negociar “a pesar de los requerimientos de los trabajadores en múltiples ocasiones haciendo caso omiso a sus comunicaciones”. En el capítulo de los fundamentos de derecho insiste en que la dirección no contestó “ni tuvo intención de sentarse a negociar” y que “no es de recibo” que alegara falta de tiempo y que “por toda alegación” afirmara que “estaba ocupada en otras cuestiones”.
El abogado que ha llevado la defensa de los trabajadores, Jordi Juan, subraya de esta sentencia “que acredita la mala fe de la empresa y demuestra el fracaso de la Reforma Laboral que se nos vendió como un instrumento para facilitar la negociación colectiva, cuando en realidad abre la puerta a medidas unilaterales”. “La sentencia muestra los desequilibrios entre empresarios y trabajadores, a favor de quien está redactada y que en realidad es una instrumento para bajar salarios”, opina el abogado.

IMESAPI, que ganó la concesión para mantener las cabinas públicas de la provincia de Barcelona en mayo de 2012, había actuado anteriormente de la misma forma con su plantilla en el País Vasco, donde también obtuvo una sentencia contraria a la decisión de dar por finiquitado el convenio. Antes de dictar sentencia, el juez ya había aceptado como medida cautelar el restablecimiento del convenio en febrero, una medida que atenuaba la situación de los trabajadores, que durante seis meses han cobrado solo los 654 euros del SMI. Y es que el magistrado se refiere el daño que para los trabajadores puede haber causado en la “atención de sus necesidades primarias” la “súbita, inesperada e injustificada reducción salarial” para la que no existe “causa objetiva como podría ser una causa técnica, económica, organizativa o de producción”. El juez también se refiere a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que si bien justifica la reducción de las comisiones que recibían unos trabajadores para ganar competitividad, alerta de que para evitar “dumping social […] no pueden ser admisibles en cualesquiera términos”.

Los empleados llevan tiempo alertando de que la empresa ganó el concurso de Telefónica porque “reventó” la selección con una oferta muy baja. “Desde entonces, hemos sufrido la discriminación de la empresa que no nos facilitaba herramientas y ha querido trasladar trabajadores a Bolívia, Perú o a trabajar en tareas de mantenimiento en la prisión de Ceuta”, afirmaba la víspera del juicio, el 19 de febrero, Josep Alpuente, representante del comité de empresa.

El País


Un juez permite a un maltratador vivir con su mujer dado su deterioro psíquico

La Audiencia Provincial de Jaén ha autorizado a un hombre sobre el que pesan tres condenas por el delito de maltrato y otra por maltrato habitual sobre su esposa a vivir con ella. El magistrado Pío Aguirre, que fue hasta el pasado septiembre vocal del CGPJ, aplica la eximente de necesidad solicitada por la defensa “dadas las circunstancias del caso”, que son los 78 años de edad del hombre y “su deterioro físico y psíquico percibido a través de vídeo de juicio oral”. Además, el tribunal tiene en cuenta “el interés de su esposa en convivir con él, en recogerlo, según sus palabras, dado que no tenía dónde ir y viéndolo todos los días deambulando por el pueblo”. Ambos habían convivido juntos por estas circunstancias a pesar de la prohibición que pesaba sobre él.

La edad del acusado, por más que pueda considerarse avanzada no libra del riesgo a la mujer, como se ha visto en otros casos. Ni tampoco la intención de la esposa de perdonar y su pretensión de vivir con el maltratador la protegerá de futuros maltratos, como también ha quedado acreditado en algunos casos desgraciados. El polémico fallo ha indignado a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y al Instituto Andaluz de la Mujer, que consideran que se da un importante paso atrás en la lucha contra la violencia machista.

“La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara, y dice que el consentimiento de la víctima no influye para revocar una orden de alejamiento del agresor”, señaló la fiscal de violencia sobre la mujer de Jaén, Gracia Rodríguez, que califica como “llamativo” un fallo que “no ayuda a todo el trabajo que se hace para erradicar la violencia machista”. Sostiene la fiscal que la sentencia viene a ser “un indulto encubierto” para el agresor, al tiempo que alerta sobre las consecuencias que puede tener la misma. “Aunque ella sienta lástima de él y consienta su vuelta a casa, el riesgo de nuevo maltrato es ahora mayor”, expone la fiscal. A su juicio, en este caso deben intervenir los servicios sociales para poner a disposición del agresor una residencia u otro lugar donde alojarse alejado de su mujer.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén revoca la condena de nueve meses de prisión que el Juzgado de lo Penal número tres de Jaén impuso a Sebastián M.C. por quebrantar una orden de alejamiento sobre su mujer con la agravante de reincidencia. El magistrado ha estimado el recurso de apelación de la defensa del maltratador, al que ha absuelto al aplicarle la eximente del estado de necesidad subjetivo. Esa eximente evita la responsabilidad criminal cuando “el mal causado no sea mayor que el que trata de evitar”.Por poner un ejemplo, sería algo así como no condenar al que robó una gallina porque si no lo hubiera hecho se habría muerto de hambre. Trasladado a este caso cabría entender que si la mujer no recoge al maltratador este puede sufrir penosas circunstancias en la calle, en su deambular por el municipio de Bedmar-Garcíez.

El hombre ahora absuelto ha recibido cuatro condenas desde el año 2006, tres por el delito de maltrato y otro por maltrato habitual, en todos los casos sobre su esposa. La sentencia también considera probado que el hombre ha quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento sobre su pareja. Sin embargo, en el recurso de apelación el anciano alegó que se ha reconciliado con su mujer y ha vuelto a vivir con ella.

También desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha mostrado el “absoluto desacuerdo” con una sentencia “que no tiene sentido”. Beatriz Martín, coordinadora del IAM en Jaén, ha indicado que van a poner todos los recursos asistenciales a disposición de la víctima, que ya fue usuaria del Instituto. También avanza que harán un “seguimiento directo y especial” de este caso “porque lo más importante es la mujer y los hijos que tiene a su cargo”.

Marín subraya que “la única alternativa que no es posible es la vuelta a casa del agresor”, y dice que no le convencen los argumentos de reconciliación de la pareja. “Es el círculo habitual de los maltratadores, dicen que las perdonan y que ya no lo harán, pero vuelven a agredirlas”, indica la responsable del IAM en Jaén, que observa similitudes de este caso con el de Ana Orantes, que en 1997 fue quemada por su marido después de denunciar en un programa de televisión los malos tratos continuados que venía sufriendo por su pareja.

El País


El arbitraje rechaza resarcir a afectados de las preferentes por 3.500 millones

La banca nacionalizada -Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa- ha devuelto más de 3.000 millones de euros a los clientes que acudieron al arbitraje por los títulos de preferentes y deuda subordinada y el árbitro acabó dándoles la razón. Sin embargo, no han corrido la misma suerte miles de afectados, que habían invertido más de 3.500 millones en los mismos productos híbridos de estas entidades y cuyas solicitudes de arbitraje fueron rechazadas al entender que no hubo “mala praxis” en la venta.

Según los datos de un informe remitido a la comisión de seguimiento de las participaciones preferentes, en concreto las tres entidades nacionalizadas devolverán 3.076 millones de euros gracias al arbitraje.

Las cajas que dieron lugar a Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa emitieron participaciones preferentes y deuda subordinada por importe total de unos 9.772 millones de euros.

Con la nacionalización y la entrada en pérdida de estos tres grupos, cientos de miles de pequeños ahorradores dejaron de recibir los intereses por sus productos híbridos, los cuales compraron en ocasiones creyendo que eran seguros y similares a un depósito.

La posibilidad de recurrir a un arbitraje hizo que los titulares de unos 6.833 millones de euros, casi el 70% de la deuda emitida por las cajas de los tres grupos, solicitaran esta vía, alternativa a la judicial, más rápida y económica, para tratar de recuperar su dinero. Al final, las entidades compensarán a buena parte de ellos, sin embargo se quedarán fuera del arbitraje clientes que invirtieron más de 3.604 millones en preferentes y deuda subordinada, lo que no quita para que acudan a la vía judicial o vendan las acciones que recibieron en el momento del canje de sus productos híbridos.

En enero de 2013, el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo para dar salida a estos miles de afectados por las preferentes y decidieron crear una comisión parlamentaria de seguimiento para decidir el perfil de cliente que podía optar al arbitraje con el objetivo de recuperar el 100 % de su inversión.

La comisión nació liderada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y en ella estaban responsables del Banco de España, Sanidad y Consumo, el Tesoro y las consejerías autonómicas que participaron en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El País


Accionistas de Bankia piden al Banco de España 20 millones por la salida a Bolsa

El 16 de abril de 2013, el fondo de rescate, FROB, acordó que los accionistas que habían acudido a la salida a Bolsa de Bankia perdieran el 99,16% del valor de sus acciones. Se aplicó la normativa europea que exige que, antes de que llegue capital público a un banco, deben pagar los accionistas.

Alrededor de 1.200 accionistas han presentado hoy una inédita reclamación de responsabilidad patrimonial por algo más de 20 millones de euros, lo que perdieron con Bankia. Consideran que el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Economía y el FROB, “subsidiariamente, de manera mancomunada”, son responsables por culpa in vigilando de una negligencia en la supervisión de todos estos reguladores.

Los afectados, defendidos por el despacho Cremades Calvo & Sotelo, acusan al organismo dirigido por Luis Linde de “incumplimiento de sus obligaciones de supervisión que han hecho posible que la actuación de quien estaba sujeto a su control específico causara un daño antijurídico”.

La reclamación cuestiona el proceso de reestructuración e intervención de Bankia porque demuestra, en su opinión, un comportamiento de los supervisores financieros “frontalmente contrario” a los estándares de regulación prudencial que desde hace tiempo rigen en el mundo. Consideran la resolución del FROB “revela y produce de forma directa un claro perjuicio a los accionistas, al no recoger ni prever ninguna medida de ayuda, auxilio o indemnización con motivo de los daños causados por la creación, amparo y autorización negligente de la salida de Bankia a Bolsa”.

También apunta que, “desde el punto de vista de supervisión prudencial, es un auténtico sarcasmo que se aduzca el riesgo sistémico de Bankia para imponer a sus accionistas, sin indemnización alguna, el sacrificio de sus derechos y de su valor económico para sanear el Grupo y, con él, el entero sistema financiero español”. Consideran que Bankia ya estaba en situación de quiebra al salir a Bolsa, como demuestra que necesitara “el mayor rescate de la historia de España”. Piden la declaración de Araceli Mora, exconsejera de Bankia; Rodrigo Rato, expresidente; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; Julio Segura, expresidente de la CNMV; Francisco Celma, Auditor de Deloitte y Javier Aríztegui, exsubgobernador y Presidente del FROB.

En el caso de no ser atendidos en su reclamación, acudirán a la Audiencia Nacional, y acusarán a estos organismos de ir contra el artículo 24 del Reglamento de la Ley del Mercado de Valores, por permitir una salida a Bolsa sin suficiente información.

El País


La justicia ordena la primera devolución por el céntimo sanitario.

La empresa Transportes Jordi Besora SL recuperará las cantidades que abonó a la Agencia Tributaria entre 2005 y 2009 por el llamado céntimo sanitario. Así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que la justicia europea concluyera que el gravamen era contrario al derecho comunitario. La sentencia es la primera de España que obliga a la Administración tributaria a devolver a un empresario con intereses de demora las cantidades abonadas por ese tributo. Se produce, además, en un momento en el que los tribunales tramitan miles de reclamaciones similares. Además, la Agencia Tributaria ha recibido otras tantas, que tiene paralizadas a la espera de que la Comisión Europea responda una aclaración que a comienzos de mes le remitió el ministro Cristóbal Montoro. El TSJC, sin embargo, deja claro que el empresario debe percibir las cuotas “indebidamente soportadas” que le repercutieron tres comercializadoras de combustible.

El juez señala, no obstante, que “no es posible fijar” la “cuantía exacta a devolver”, puesto que, primero, la Administración debe comprobar que no se hubieran devuelto ya las cuotas a las gasolineras —encargadas de presentar las autoliquidaciones— y que el impuesto hubiera sido abonado por el transportista. En una sentencia en la que ha sido ponente el juez Dimitry Berberoff, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado parte del recurso que interpuso Besora contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña que le denegó la devolución de las cantidades soportadas en concepto del céntimo sanitario. Este impuesto es un recargo al consumo de hidrocarburos en vigor desde 2002 para financiar el traspaso de la sanidad a las comunidades.

La resolución da la razón al empresario cuyo caso se llevó a Luxemburgo

Besora recurrió con el argumento de que el gravamen, cuya cuantía oscilaba entre 1 y 4,8 céntimos de euro por litro de carburante dependiendo de la autonomía, era contrario a la directiva comunitaria. Puesto que a la decisión de la sala del TSJC no cabía recurso, la consulta a Luxemburgo era casi obligatoria. El Tribunal de Justicia de la UE resolvió finalmente en febrero que el impuesto era ilegal. La razón principal era que la gasolina ya estaba gravada por el impuesto de hidrocarburos, por lo que solo se podía fijar un nuevo tributo si este perseguía una finalidad concreta. Y ese, según el tribunal, no era el caso español.

Ante ese fallo, la sentencia del TSJC apunta que “el Estado miembro está obligado a devolver lo recaudado contra el Derecho de la Unión”. El juez señala que resultaría “absolutamente insoportable para el contribuyente” mantener un tributo “al que se opone el Derecho de la UE”, por lo que concluye que “debe proclamarse su derecho a la devolución de lo indebidamente abonado por dicho concepto”.

El juez establece que el retorno de las cantidades se efectúe a través de la Administración tributaria mediante una rectificación de las autoliquidaciones del impuesto que presentaron quienes le repercutieron el impuesto, en este caso las firmas Petromiralles, Repsol y Solred. La sentencia detalla que el Abogado del Estado y el de la Generalitat se mostraron a favor de la estimación del recurso, si bien el primero trasladó que el fallo del tribunal europeo no debe suponer “una estimación automática ni total” de las pretensiones que se dirimen en los tribunales.

El Tribunal de la UE había tumbado el tributo por carecer de finalidad
El juez determina que el recurrente debe recuperar todas las cuotas siempre que no haya prescrito su derecho a solicitar la devolución, no se haya producido el retorno de las cantidades a las gasolineras y que acredite “haber soportado la repercusión” de lo reclamado. Por ello, pese a que el transportista reclamaba 45.632,38 euros, el juez no fija la cuantía exacta a devolver.

El fallo del Tribunal de la UE pone fin a una controversia de una década entre Bruselas y el Gobierno central por ese tributo. En 2008 la Comisión incluso solicitó a España que se ajustara al derecho de la UE mediante un dictamen motivado, pero nunca llegó a demandar a España ante el Tribunal de Justicia. El fallo de Luxemburgo, al final, ha cambiado por completo ese panorama, sobre todo para quienes tienen reclamaciones en trámite.

El País


El Supremo tumba otro indulto dado a un conductor que causó tres muertes

El Tribunal Supremo ha anulado, por una cuestión de forma, otro indulto por un asunto de tráfico otorgado por el Ministerio de Justicia a un conductor que entró con su coche a 123 kilómetros por hora en una curva en la que solo se podía ir a un máximo de 40 kilómetros y colisionó con un camión. En el accidente, el conductor, Rafael Huete Garrido, que había obtenido el carne de conducir solo un mes antes del siniestro, resultó herido, y muertas las tres personas que le acompañaban (dos de ellas, hermanos). Esta es la segunda conmutación de pena a un conductor temerario que revoca el alto tribunal al ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. El anterior fue el polémico indulto concedido a un automovilista que mató a una persona en la provincia de Valencia tras conducir cinco minutos en dirección contraria por la autovía AP-7. Los familiares vieron en este indulto un trato de favor de Justicia a este reo puesto que su abogado era hermano de un exalto cargo del PP.

En esta ocasión, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revoca el indulto concedido a Rafael Huete y ordena devolver la causa al tribunal granadino que le condenó. La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Supremo entiende que hay defectos formales, puesto que no consta informe de ese tribunal, la Sección Primera de la Audiencia de Granada, sobre este indulto. La Audiencia condenó a Rafael Huete a la pena de tres años y tres meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial en concurso con otro de tres de homicidio por imprudencia.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan, sin embargo, que la Audiencia decidió delegar la elaboración de ese informe en el tribunal que dictó condena en primera instancia, el número 2 de lo Penal de Granada, y que este sí emitió dictamen: un informe favorable al indulto en el que alegaba que el conductor, a raíz del accidente, quedó “totalmente inimputable” por las secuelas sufridas, informa Vera Gutiérrez Calvo.

Rafael Huete Garrido fue condenado en primera instancia, en el juzgado de lo Penal número 2 de Granada, a dos años y seis meses, pero la familia de los fallecidos recurrió la pena y la citada sección de la Audiencia Provincial de Granada la elevó a tres años y tres meses. Consta la petición de indulto del juzgado de lo penal, pero no existe ningún pronunciamiento de la Audiencia, que incluso eleva la pena en un año.Cuando el Ministerio de Justicia recibió la petición de indulto, envió una solicitud de informe a la Audiencia Provincial de Granada, pero esta lo delegó en el juzgado de primera instancia. Este juzgado emitió el informe favorable proponiendo al Gobierno que rebajase la pena a dos años para evitar la entrada en prisión del reo. Es lo que Justicia ha hecho, atendiendo a ese informe (el otro, emitido por el fiscal, fue desfavorable al indulto). La Sala Tercera del Supremo ordena, sin embargo, que las diligencias vuelvan a la Audiencia y sea ella la que emita un informe. Pero, de momento, el indulto queda revocado.

La Ley del Indulto, en su artículo 23, solo señala que el ministerio, cuando recibe una petición de indulto, debe recabar un informe “del Tribunal sentenciador”. No recoge -ni prohíbe- expresamente la posibilidad de que ese tribunal decida delegar el informe en el de primera instancia. Eso no es lo habitual, pero tampoco es excepcional: ha ocurrido otras veces en otras peticiones de indulto, según fuentes de Justicia.

El accidente se produjo en la noche del 3 de julio de 2008, en una carretera de doble sentido y con dirección a la localidad de Beas de Granada. Rafael Huete, que conducía a 123 kilómetros por hora, se salió en una curva y chocó contra un camión. El pasado noviembre, el Ministerio de Justicia le otorgó un indulto parcial y le rebajó la pena a dos años y 15 días de trabajo en favor de la comunidad, lo que habría permitido a Rafael Huete no tener que ingresar en prisión puesto que no tiene antecedentes penales y cabe aplicarle la remisión condicional de la pena.

Este es el segundo indulto a un automovilista que tumba el Supremo a Justicia es cuestión de meses. El primero fue el de Ramón Jorge Ríos Salgado, quien hace unas semanas tuvo que volver a la cárcel después de quedar libre merced al indulto que le dio el Gobierno el 7 de diciembre de 2012. pero el Supremo lo anuló por falta de motivación y, al no subsanar Justicia ese defecto, volvió a la cárcel hace unas semanas.

La Audiencia de Valencia le condenó a 13 años de cárcel por un delito grave de conducción temeraria “con desprecio para la vida de los demás” en concurso ideal con otro delito de homicidio. Ríos Salgado condujo su Opel Mágnum durante cinco minutos en sentido contrario por la autovía AP-7 (la que recorre todo el levante) y causó la muerte a José Alfredo Dolz España, de 25 años, que circulaba correctamente con su coche, el 1 de diciembre de 2003, en un tramo entre la localidad valenciana de Silla y la alicantina de San Juan.

La familia de la víctima recurrió al Supremo y se opuso al indulto (el preso solo había cumplido 10 meses de prisión y pagado una multa de 4.000 euros). Este indultó causó gran alarma social por las connotaciones que le rodeaban. El abogado del reo era Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de Ignacio Astarloa, ex alto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Este letrado trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también está empleado un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro negó trato de favor y señaló que este indulto siguió la misma tramitación que otros que habían “otorgado este Gobierno y los anteriores”.

El de Ríos Salgado fue el primer caso de un indulto que anula el Tribunal Supremo, cuya sala de lo contencioso se reunió para analizar el asunto tras el recurso que le elevó la familia del fallecido. El debate fue intenso y duró tres días. La Sala estaba dividida. La decisión final fue adoptada por una mayoría muy ajustada, 19 votos de magistrados contra 17. El ponente inicial de este asunto, que defendió que una medida de gracia no puede ser anulada por los tribunales, fue Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.

El País


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