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El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria

Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.

Es el segundo revés que recibe España por parte de la justicia europea sobre este punto. En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo criticaron la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones —e impedir el desalojo de los afectados— mientras se resolvía el procedimiento sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato.

El Gobierno reformó poco después la ley para cumplir los requerimientos de Europa, pero a los jueces de Luxemburgo el cambio no les ha parecido suficiente. El tribunal estima en esta ocasión que el deudor queda en situación desfavorecida frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. El deudor que alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria. El banco, sin embargo, sí puede interponer recurso si le quitan la razón.

El Tribunal de la UE pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.

El Gobierno, que tuvo que pedir un rescate a Europa para salvar a los bancos, no ha sido igual de diligente en la protección de las personas en peligro de desahucio. Y ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Europeo quien le dé un segundo revés.

El juez mercantil de Barcelona que originó el varapalo anterior, José María Fernández Seijó, ha leído la nueva sentencia: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.

La sentencia, que se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y que se ha dictado en tan solo dos meses y medio, tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.

La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), informa Europa Press.
El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.

El País


El Supremo prohíbe someter a todos los menores inmigrantes a pruebas de edad

Para un inmigrante que llega a España sin papeles, la edad es un dato esencial. Si es menor, las comunidades autónomas asumirán su tutela y solo podrá ser repatriado si se acredita que tiene un entorno seguro al que regresar. Si es mayor, puede ser expulsado de inmediato. Durante años, las Administraciones y la fiscalía han sometido a pruebas médicas de determinación de la edad a personas cuyos pasaportes aseguraban que no habían cumplido los 18. Las pruebas óseas, con grandes márgenes de error según el Defensor del Pueblo y numerosos médicos forenses, se llevaban a cabo a casi todos los menores en algunas comunidades autónomas. El pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictaminó ayer que estos exámenes médicos no pueden generalizarse. A partir de ahora, el pasaporte y demás documentos oficiales de identidad serán considerados como pruebas válidas salvo que exista una “justificación razonable” para sostener lo contrario.

La ley de extranjería dispone en su artículo 35 que las pruebas de edad se realizarán a todo aquel “extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”. A pesar de ello, se habían generalizado incluso para menores con pasaporte con el argumento de la escasa fiabilidad de los documentos de algunos países.

“Las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad”, indica ahora el acuerdo de los magistrados del alto tribunal. “El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad sin una razón que lo justifique (…) No cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido”.

Para poder llevar a cabo estos exámenes médicos de acuerdo a la legalidad, “procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad”, concluye el alto tribunal.

Hasta el momento, la jurisprudencia sobre este asunto variaba entre las distintas Audiencias provinciales, razón por la cual se ha pronunciado el Tribunal Supremo —que estaba examinando el caso de dos menores de Ghana y Guinea Conakry— para fijar jurisprudencia.

La Fundación Raíces, que presta asistencia a menores no acompañados, presentó el pasado abril un informe con 40 casos para denunciar precisamente que la Fiscalía, por sistema, no reconocía la validez de pasaportes y partidas de nacimiento de menores procedentes de Marruecos y el África subsahariana. Comenzaba entonces un peregrinaje por hospitales y exámenes médicos muchas veces contradictorios entre sí que podían acabar con la expulsión de un menor de edad con una madurez ósea mayor que su edad real de nacimiento.

El Defensor del Pueblo ya presentó un informe en 2011 denunciando que el sistema no funcionaba. En el texto relataban numerosos casos como el de Yusuf, al que le realizaron tres pruebas óseas en hospitales de tres provincias. En Almería dijeron que tenía “aproximadamente 16 años”; en Valencia, que “aproximadamente 18” —lo que suponía quitarle cualquier protección como menor— y en San Sebastián determinaron que su edad era de 17 años. Otro de los casos que aparecía en este informe era el de un chico del que dijeron en 2008 que tenía 13 años según las pruebas óseas y 19 en 2010.

El País


Las multas de algunos radares móviles podrían no ser válidas

Una multa en la que no se especifique clarametne el lugar de la infracción, podría no ser válida para un tribunal. Eso ha ocurrido con una sanción impuesta en Madrid, tras ser captado el infractor por un radar móvil.

REDACCIÓN
En algunas ocasiones y con el fin de agilizar sus trámites los agentes no determinan correctamente el lugar en el que se comete una infracción. Esto hace que el denunciado no pueda ejercer bien su derecho de defensa, por lo que llevado ante los tribunales los jueces anularán la sanción correspondiente. Esta práctica se vuelve en contra de la administración, si es bien llevada por profesionales, pues en los juzgados anularán la sanción por desconocerse el lugar exacto de la comisión de la infracción.

En Madrid, como en otras muchas ciudades de España, hay puntos en los cuales los ayuntamientos sitúan radares móviles con el fin de sancionar a aquellos vehículos que superan los límites de velocidad. Uno de estos puntos “calientes” en la capital es la Avenida del Mediterráneo, donde muy frecuentemente la policía local o los agentes de movilidad sitúan, sin la existencia de paneles informativos que señalicen su colocación, un cinemómetro móvil. Un conductor asociado a Multayuda, fue “cazado” y se le impuso una sanción grave de 300 euros de multa con detracción de 2 puntos de su permiso de conducir.

El cinemómetro captó a este usuario a 75 km/h en un tramo limitado a 50 km/h. El equipo de Multayuda observó que nuevamente la Administración no determinaba el lugar exacto de la infracción pues constaba “FO19 AV. Meditarráneo”, descripción que no figura en el catálogo de autopistas y autovías ni en la Ley de Carreteras de la CAM (F significa farola). En la fotografía tampoco aparece calle ni número, se ocasiona indefensión siendo contrario a lo dispuesto en el artículo 74.2. de la Ley de Seguridad Vial 18/2009 en el que dice textualmente: “Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora”.

Además, y en este caso particular, también se vulneró el artículo 76 de esta misma Ley que versa sobre la notificación de la denuncia, pues no fue entregada en el acto sin justificación.

Determinar el lugar de la infracción es fundamental para la defensa del conductor, pues se le priva de la posibilidad de alegar sobre la concreta limitación de velocidad que opera en un punto en concreto, ya que dependiendo del número de la Avenida habrá una limitación de velocidad u otra, pues en esta avenida madrileña sucede como en otras muchas calles urbanas donde la velocidad máxima permitida varía.

De este modo, y ante las alegaciones del recurso interpuesto por Multayuda, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid el juez falló a favor del usuario al “no poder concluirse la realidad de la infracción en un exceso de velocidad, por circular a 75 km/h estando la velocidad limitada a 50 km/h” ? “por desconocerse el lugar en el que supuestamente lo fue”.

Auto Fácil


El Tribunal Supremo declara ilegal multar sin parar

El Supremo declara ilegal multar sin parar e informar al infractor, de momento, en Madrid

Una sentencia del Tribunal Supremo anula la normativa madrileña, establecida en 2010, que permite a los agentes urbanos a multar a los conductores sin necesidad de pararlos. La AEA, Automovilistas Europeos Asociados, denunció esta modificación de la ley. Ahora casi cuatro años después el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, declarando su ilegalidad.

A partir de ahora los agentes deberán detener al infractor, siempre y cuando las condiciones y la seguridad del tráfico lo permitan. De no poder llevar a cabo esta acción deberán cumplimentar un texto reglamentario indicando, de forma muy precisa, la imposibilidad de acometer dicha acción.

En el año 2010 entró en vigor una ordenanza municipal que permitía a los policías municipales de Madrid poder sancionar a los conductores sin la necesidad de informarles. Esto provocó las quejas de multitud de conductores y asociaciones. La AEA, denunció esta modificación de la ley, y ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón, declarando la ilegalidad de tal medida.

La modificación número 58 del artículo 99 permitía que los agentes de la Policía Municipal de Madrid pudieran expedir multas sin la necesidad de informar si estos se encontraban regulando el tráfico o sin los medios necesarios para perseguir al infractor.

Sin embargo ahora, después de años de litigo la AEA, Automovilistas Europeos Asociados, ha conseguido que el Tribunal Supremo desestime dicha normativa declarándola ilegal, solo siendo admisible en caso de que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. Asimismo asegura que la notificación en el acto es una garantía tanto para la administración como para el denunciado.

Dicha asociación solicitará en los próximos días a la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la revisión y cancelación de más de 600.000 denuncias, incluidas las que se encuentren en la Agencia Tributaria. Esta operación deberá incluir la devolución monetaria del importe de la multa, así como el reintegro de los puntos perdidos.

También se anima que cualquier afectado por dicha normativa solicite la retirada de la misma y la devolución del importe y de los preciados puntos. Todos aquellos infractores que hayan sido denunciados entre el 17 de diciembre de 2010 y el 8 de junio de este año podrán solicitar una revisión y posterior anulación de la multa.

Sin embargo, a pesar de expresar su alegría por el fallo del Tribunal, la AEA no oculta su decepción, ya que la última reforma de la Ley de Tráfico, que ya te contamos, incluye un artículo que coincide exactamente con la recientemente ilegalizada Ordenanza Municipal de Madrid.

Canarias en moto


El Tribunal Supremo confirma la primera sentencia que declaró la nulidad de un “swap”

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a dos empresarios de Burriana que habían demandado a la antigua Caixa Penedés –actual Banco MareNostrum SA– por “irregularidades” en la contratación de un producto financiero conocido como ‘swap’, lo que les había supuesto importantes pérdidas en concepto de intereses cobrados de manera indebida, según ha informado el despacho de abogados Rubert i Gil Advocats SLP, que ha llevado el caso, en un comunicado.

EP

La decisión del Alto Tribunal ha confirmado la sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón el 9 de marzo de 2012. Se trataba, entonces, de la primera vez que un tribunal acogía la nulidad de un ‘swap’, un mecanismo de intercambio de tipos de interés que se vendía como contrato externo a la hipoteca y un seguro ‘antisubida’ de tipos, pero que, en realidad, tenía una barrera fijada, en este caso, en el 5,60 por ciento que lo hacía inoperativo, según las mismas fuentes.

Los hechos se remontan a julio de 2008, cuando dos empresarios de Burriana compraron una nave industrial en el Camí Llombai subrogándose en el préstamo hipotecario a interés variable Caixa Penedés, entidad que gravaba la finca. La Caja les ofreció el producto conocido como ‘swap’, algo así como un ‘collar bonificado de tipos de interés’ que, según les dijeron, les protegería del riesgo de subida de los tipos, pero sin proporcionarles una mínima información sobre las características del mismo y sobre los riesgos en que incurrían.

El producto se contrató precisamente cuando el euríbor cotizaba al 5’39 por ciento, tipo máximo del periodo e inicio de una bajada de los intereses que se aceleraría a finales de ese año y que ha culminado en la situación actual, que ronda el 0,50 por ciento.

La consecuencia es que los dos empresarios comenzaron a recibir “abultadas” liquidaciones que, en el momento en que decidieron demandar a la Caja, se acercaban a los 4.000 euros trimestrales, y no se beneficiaron de la bajada de tipos, pues la hipoteca tenía una ‘cláusula suelo’ y, además, el supuesto mecanismo de protección contra la subida de tipos únicamente les protegía hasta el 5’60 por ciento.

Los afectados demandaron a la Caja y, en un primer momento, en mayo de 2011, obtuvieron una sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Vila-real que anulaba el ‘swap’ y condenaba a la entidad financiera a devolver las cantidades abonadas, que ascendían a 31.000 euros.

Posteriormente, la sentencia fue confirmada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón el 9 de marzo de 2012, sección que, con esta resolución, anulaba por primera vez un ‘swap’. Hasta entonces, la Sección había dado la razón a las entidades de crédito hasta en tres ocasiones. Por el contrario, la sección primera de la Audiencia, en una sentencia de diciembre de 2011, ya había anulado el mismo producto de Caixa Penedés en un asunto defendido por el mismo despacho profesional.

Esta decisión del Tribunal Supremo, que confirma la resolución de la Audiencia, destaca que Caixa Penedés no facilitó en su día información suficiente sobre las características del producto ni sobre sus riesgos. Según el despacho de abogados, la Caja no realizó el preceptivo ‘test de idoneidad’, que exige la Ley de Mercado de Valores en aplicación de la Directiva MIFID de la Unión Europea, al objeto de comprobar la adecuación del producto al perfil del cliente o si el producto corresponde a lo que éste pretendía o buscaba en el momento de la contratación.

Legal Today


Nuevo palo judicial a Hacienda: es el contribuyente quien establece si un gasto es deducible

Todos los que nos hemos tenido que enfrentar a un procedimiento de revisión o de inspección por parte de la Agencia Tributaria sabemos que el criterio de Hacienda a la hora de estimar cuándo es deducible o no un determinado gasto suele ser, a veces, excesivamente riguroso (o incluso arbitrario). La interpretación que la Administración hace sobre este tema queda en entredicho en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que carga contra el criterio que siempre perjudica al contribuyente.

La norma establece que son deducibles los gastos necesarios para la actividad a desarrollar y que tengan una clara correlación con los ingresos obtenidos por la empresas. A partir de esta premisa podemos empezar a interpretar si los gastos declarados cumplen o no con estos requisitos y llegados a un punto podremos discutir con la Administración Tributaria cuando hay disparidad de opiniones. Generalmente la Administración establece que es el contribuyente quien debe acreditar que se cumplen esas premisas, sin embargo esta sentencia no admite este criterio.

El fallo reconoce que para la deducibilidad de los gastos resulta exigible su correlación con los ingresos, de manera que aquellos coadyuven a la obtención de ingresos de la actividad empresarial desarrollada. Sin embargo destaca que “ha de partirse del principio que, salvo patente desproporción, no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los ingresos de la actividad más allá de lo que resulta de su declaración-liquidación y contabilización, por lo que habrá de ser la Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son ajenos a la actividad”.

Además señala que “la incertidumbre probatoria respecto de este extremo ha de perjudicar pues a la Administración, en virtud de las normas legales sobre la carga de la prueba, que no tienen otro alcance que el de señalar las consecuencias de la falta de prueba. No obstante, cumplida por la Administración tal carga de la prueba, debe ser el interesado quien peche con la carga de desvirtuar la prueba de adverso, mediante la oportuna contraprueba o prueba de lo contrario, debiéndose añadir que en cada caso la carga de la prueba podrá ser modulada por la regla de la facilidad probatoria.”

Partimos pués de una situación en la que es el contribuyente el que tiene la facultad de estimar la deducción del gasto y ha de ser la Administración la que justifique por que no debe ser así, “es a la Administración a la que compete averiguar la verdad material, más allá de la que presenta el contribuyente, y debiendo desplegar al efecto todos los medios a su alcance” concluye el fallo del Tribunal.

Lógicamente este es un tema delicado. En primera instancia, e incluso en segunda si se acude al TEAR, la Administración tiene claro cual es su criterio, aunque luego se demuestre equivocado. Lógicamente al contribuyente siempre le queda el recurso de la vía judicial, pero no siempre uno está dispuesto a llegar a este punto, dependiendo de los importes en discusión, de los costes que hay que asumir, etc.

Lo que está claro es que, cada vez con mayor asiduidad, Hacienda no siempre tiene la razón.

Pymes y autónomos


La cúpula de Caixa Penedés elude la cárcel tras devolver 28 millones

El primer juicio contra el saqueo de las cajas de ahorros en España terminó este jueves con la condena a dos años de cárcel para Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, y de un año para cada uno de los tres principales miembros de su cúpula por un delito continuado de administración desleal. Los cuatro exdirectivos de la caja, ahora desaparecida, consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento, tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones.

A cambio, las acusaciones particulares (el Banco Mare Nostrum y la fundación de la caja), recortaron en un año su petición de condena para cada imputado, algo que el juez tuvo en cuenta. La Fiscalía y el FROB, también personado en la causa, mantuvieron su petición de tres años y medio para Pagès y de tres años para el resto.

“Reconozco los hechos”, pronunció cabizbajo Pagès a instancias del juez del caso, José María Vázquez Honrubia. Durante todo el juicio, el antaño todopoderoso ejecutivo de la que llegó a ser la tercera caja de Cataluña se había agarrado a la supuesta legalidad de su jubilación. Incluso deslizó que todo había sido idea del director de recursos humanos, el fallecido Jaume Jorba, cuyos herederos, por cierto, también renunciaron al dinero que correspondía a su padre.

Pagès tenía asignado un retiro de 11,6 millones, mientras que Manuel Troyano, que había empezado en la caja a los 15 años como botones y llegó a director general adjunto en 2007, deberá devolver 6,1 millones. Santiago Abella, que también ocupó el cargo de director general adjunto y se jubiló en 2007 ente el aplauso de sus compañeros, —como él mismo se encargó de reiterar durante el juicio— reintegrará 5,7 millones. A Juan Caellas, que sustituyó a Pagés al frente de la dirección, le tocará devolver 4,8 millones.

Aunque el juez decidió considerar como atenuante su actitud, no les libró de toda clase de reproches al avanzar el veredicto, que es firme: “Se ha producido una actuación por su parte maliciosa, insidiosa… engañosa para la sociedad. Burlando los controles de la caja de ahorros, con figuras como el presidente y consejo de administración prácticamente decorativas, han antepuesto intereses personales a los intereses sociales, abusando de la confianza que tenían depositada en ustedes como altos directivos”.

Entendiendo que con la devolución del dinero “se restaura el orden jurídico y se compensa a la víctima”, que no es otra que el Banco Mare Nostrum, absorbido después por el Sabadell, tanto el juez como el fiscal consideraron parcialmente restablecido el daño. “No puedo dejar de manifestar que la Fiscalía tenía razón. Me congratulo por la devolución del dinero”, aclaró el fiscal anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled.

Durante las casi dos semanas que ha durado el juicio ha quedado de manifiesto el nefasto sistema de control de la caja, que dio cobertura al saqueo de la cúpula. Pagès, que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones, justificó con total tranquilidad en el juicio que los planes de pensiones de los exdirectivos se privatizaron a través de un sistema de pólizas que no pasaron por la supervisión de los órganos de control con la excusa de que “se habían gestado en 1996”, cuando firmaron sus contratos de alta dirección. Algo chocante teniendo en cuenta que el órgano ejecutivo sí tenía que autorizar el pago de facturas de poco más de 2.000 euros. También afloraron los manejos de la cúpula que, justo antes de la fusión modificaron sus contratos a placer gracias “un poder de hecho omnímodo”, de Pagès, según el escrito del fiscal anticorrupción. El exdirector y exvicepresidente de Banco Mare Nostrum aseguró que el Banco de España conocía al detalle todas sus retribuciones y blindajes, pero no quiso aclarar cómo su salario engordaba cada año un 20%, hasta los 609.000 euros en 2010, junto a un variable que se disparaba al margen del IPC.

Caixa Penedès, el cuarto fundador de Banco Mare Nostrum (BMN) junto a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra, recibió ayudas públicas por importe de 915 millones de euros a través del FROB.

El País


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